Reformas, sí; pero de verdad

Publicado: 22/04/2012 de Fernando Lario en Política Nacional
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En este país tenemos la costumbre de acometer reformas asegurándonos de que todo sigue igual.

Esperanza Aguirre ha dejado caer, así, de pronto y en su peculiar estilo, pero sin duda dando la cara en nombre del PP, el tema de la posible devolución al Estado de competencias que hoy tienen las comunidades autónomas, refiriéndose especialmente a Sanidad, Educación y Justicia. No es solo una idea brillante de la Presidenta de Madrid, o un deseo íntimo y secreto de la dirección del PP, sino que es algo que un porcentaje alto de españoles consideramos conveniente e incluso necesario.

La idea de acercar el gobierno al pueblo es buena, en principio, aunque sea cara, porque es evidentemente mucho más caro tener diecisiete parlamentos que uno. La democracia es el sistema político más caro que existe y, a más democracia, lógicamente más costo. Pero uno tiene que estar dispuesto a pagar el valor real de las cosas que desea. Así que, cuanta más democracia queramos, más hay que aflojarse el bolsillo.

El problema surge cuando no solo no tenemos la democracia que pagamos sino que además las competencias se utilizan con fines bastardos. Y como suele ser habitual con nuestra peculiar ineptitud a la hora de legislar, el sistema estuvo mal concebido, mal parido y mal gestionado.

Podíamos haber ido a un modelo federal, con un estado central que se ocupara solo de Defensa, Política Exterior, Justicia, Regulación Alimentaria y Farmacéutica, Economía, Comercio Exterior, Regulación Financiera, y Política Monetaria (posteriormente transferida a Europa, al adoptar el euro); y dejando a las comunidades las demás competencias y su financiación directa mediante la recaudación, también directa, de impuestos a sus ciudadanos. Eso habría obligado a establecer líneas claras y definidas de jurisdicción y responsabilidad entre el gobierno central y las autonomías. En su lugar, nos dieron un híbrido lleno de duplicidades e indefiniciones que se ha demostrado incapaz de mejorar con el tiempo.

Resulta absurdo que las comunidades tengan cámaras legislativas con esa cantidad de escaños cuando, al no representar a los ciudadanos sino solo a los partidos, se podría obtener el mismo resultado con menos de la cuarta parte.

Para añadir insulto a la herida, como dicen los ingleses, algunas comunidades han utilizado sus competencias en Educación para fines que podrían, y deberían, definirse como alta traición, cambiando la historia y fomentando el victimismo y el odio entre comunidades, mientras el gobierno central hacía como que no se enteraba. Nuestro excelso Rodríguez Zapatero llegó a decir, a cambio de un miserable apoyo político, que el concepto nación era “discutido y discutible”. En Estados Unidos, el Congreso y el Senado habrían iniciado un proceso de “impeachment” para cesarle. Aquí sentamos en el banquillo a alguien por quemar una foto del Rey, pero el Presidente del Gobierno cuestiona el concepto de nación, para que le apoyen los independentistas, y no pasa nada.

No solo es culpable el PSOE, claro. El PP gobernó ocho años, cuatro de ellos con mayoría absoluta y no hizo nada para impedir que en las ikastolas vascas se enseñara a los niños a odiar a España, sirviendo así algunas de ellas de cuna de etarras; o que en Cataluña se cometieran atropellos lingüísticos, y de otros tipos, de modo continuado. El que esté exento de pecado, que tire la primera piedra; o, en materia de servilismo político y falta de coraje para defender la Constitución que han jurado cumplir y hacer cumplir, tanto monta, monta tanto.

Este país necesita reformas que van mucho más allá de las puramente económicas que ha iniciado el actual gobierno. En realidad, hay que darle la vuelta como a un calcetín y poner a cada uno en su sitio. No es tolerable que el gobierno de una comunidad autónoma diga que no tiene intención de cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional y que éste se quede tan pancho, como si el tema no fuese con él. La misión de un tribunal no es solo dictar sentencias sino también hacerlas cumplir. De lo contrario, puesto que estamos reduciendo gasto público, suprimamos ese Tribunal y algo más ahorraremos. No solo dinero, sino también sentencias politizadas.

La devolución de algunas competencias al Estado es tan necesaria como lo es el copago sanitario y la reforma de la Justicia. Pero no la reforma que parece estar planeando Ruiz Gallardón sino algo mucho más profundo tendente a cambiar la mentalidad de jueces, y por extensión secretarios judiciales y oficiales, para que dejen de considerarse meros funcionarios como una gran parte de ellos hacen ahora. Tal vez deberíamos empezar por cambiar el sistema por el que se accede a la carrera judicial. La oposición es lo que los convierte en funcionarios, cuando en realidad debería ser un honor y el broche de oro a la culminación de una brillante carrera como jurista.

Necesitamos grandes y no tímidos cambios para recuperar el respeto hacia las instituciones del Estado. Pero son ellas las que deben de ganarse el respeto de los ciudadanos, y no al revés. Por ahí debe ir la reforma.

[+INFO: “La Casta Autonómica” (libro de Sandra Mir y Gabriel Cruz)]

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